domingo, 22 de octubre de 2017

Se prolonga la tragedia humanitaria para las comunidades en Nariño


MARCO ANIBAL AVIRAMA AVIRAMA

Senador
Los asesinatos que siguen repitiéndose en Tumaco y sus alrededores, son relatos de una tragedia anunciada. Desde meses atrás y el pasado mes de septiembre ante el vicepresidente de la república, las comunidades han solicitado en todos los tonos que el estado acelere los programas de erradicación concertada y sustitución de cultivos de uso ilícito.

Los temores de las comunidades se convirtieron ya en realidad, en hechos dolorosos que han ocasionado la muerte de varias personas, incluidas en esta semana los asesinatos de Jair Cortés en el caso urbano de Tumaco, y de dos indígenas del pueblo Awa que fueron asesinados en su vivienda, en el km 83 de la vía al puerto, por disparos de arma de fuego desde un vehículo tipo camioneta.

Lo que hemos escuchado y visto estas semanas no es otra cosa que la ineficacia en la desarticulación de los grupos paramilitares y bandas criminales, la inoperancia en la protección de la vida y derechos territoriales de comunidades negras y pueblos indígenas, la incapacidad del estado y sus instituciones para ocupar las zonas que controlaban unos actores violentos que han sido sustituidos por otros grupos armados, al lado de la criminalización de la protesta social ante la desidia del gobierno nacional en la implementación de los acuerdos derivados de la negociación para la terminación del conflicto armado y el tratamiento de los factores asociados al mismo, como es el cultivo de plantas de uso ilícito.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recordado su advertencia reiterada sobre “los riesgos que para la vida de las personas del Alto Mira y Frontera significa esta tensión, unida a la aparición de diferentes grupos interesados en las economías ilícitas".

Nos unimos a la exigencia de distintas voces que reclaman una respuesta pronta del gobierno nacional y resultados de los organismos de investigación y control a fin de identificar los responsables de estos crímenes y su sometimiento a una justicia eficaz. Igualmente reclamamos de las entidades concernidas la puesta en marcha de medidas eficientes para garantizar la seguridad e integridad de las comunidades y sus líderes que ya esperaban poder vivir en paz en sus territorios.